…Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón.
Volver, con …
El debate de la accesibilidad arriba de la mesa luego de veinte años de un comienzo a tranco lento, da impulso para repensar las nuevas formas de encarar el problema.
Ya no es solo un problema de conciencia donde debíamos sensibilizar a la sociedad sobre algo cuasi oculto. Ya no es solo el crear el marco normativo y legislativo que era inexistente para comenzar a dar amparo a situaciones de la vida cotidiana.
Es hora de comenzar a echarle manos a las herramientas, que si bien son perfectibles, al menos marcan un rumbo. Pero para que ese rumbo se concrete no deben existir excepciones. El próximo 20 de Noviembre se cumplirán 20 años de publicada en el Diario Oficial, con el Nº 22989, la Ley 16.095 que establece un sistema de protección integral para personas con discapacidad. En el literal C, del artículo 5, se reconoce especialmente el derecho “a la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía”.
En dicho corolario, tanto para las personas con discapacidad, como para cualquier de los que no la padecemos, la accesibilidad al medio físico es el vehículo de derecho, o para otros el derecho en sí mismo, para lograr un derecho civil, como puede serlo la libre movilidad.
Este año 2009 ha sido un año de inflexión, de un proceso iniciado básicamente en el comienzo de este nuevo siglo, de fermental ebullición. De aparentes pequeños grandes avances en cuanto al tema de transporte con incorporación de nuevas unidades. En la ciudad de Montevideo, se pasó de tener dos unidades a partir de 2005, a tener doce desde finales de 2008. Una ciudad de 1:325.968 habitantes[1] con un 7.7 por ciento de su población con al menos una discapacidad[2]. Un total de 102.100 montevideanos. Que a partir de este año cuentan con el 0.85% de la flota del transporte colectivo con adaptaciones para su utilización. Dos empresas de las cinco permisarias. Doce buses de los aproximadamente 1400 que cuenta la ciudad. Pero no son los únicos. Sabemos que a nivel local, en el departamento de Maldonado hay alguna iniciativa pero poco difundida. A nivel de transporte de media y larga distancia, desde Colonia a Punta del Este, tenemos una única unidad de una reconocida empresa de turismo pero donde el mecanismo de uso y coordinación es poco conocido por los potenciales usuarios de la misma.
También 2009 es un año de inflexión en cuanto a procesos de actualizaciones normativas departamentales, si bien a nivel legislativo nacional lo que venía siendo una posible realidad sufrió, por desgracia, el freno de mano del año electoral. Si bien la temática de la accesibilidad está replicando por todo el territorio nacional, la ola comenzó a gestarse, allá por 2002, y materializarse con la concreción del fruto del trabajo de una comisión convenio entre nuestra SAU, UNIT y la propia IMM. El resultado se plasmó en la resolución 5529/08, la cual se encuentra incorporada al Digesto Municipal en los artículos R.1835 a R.1894.
Pues bien, para algunos un avance puede ser el sistema de referenciación de la normalización técnica dentro de una norma municipal. Con lo que a priori, podemos entender que llevaría a una constante actualización de los parámetros aplicables sin que estos cayeran en obsolescencias por el lento accionar del aparato estatal. Para otros puede parecer positivo el estipular condiciones de accesibilidad según determinados parámetros (como ser cantidad de m² de área pública, número de concurrentes, cantidad de empleados, porcentaje de viviendas) como manera de replicar esa lenta conciencia que data ya de 20 años en nuestra sociedad.
Por otra parte, la realidad del interior de nuestro país es tan dispar como lo son las patentes. Departamentos con nula reglamentación, u decretos de ya casi dos décadas de antigüedad que no se aplican por no saber de la existencia de los mismos. Maldonado, el departamento con más desarrollo inmobiliario de la última década, en su texto ordenado, versión 2001 el cual reúne toda la normativa vigente en el Departamento, en materia de edificación y contralor de construcciones, tan solo posee 3 artículos generales referentes a: acceso, instalaciones y viviendas para discapacitados.
La accesibilidad plena debería ser: una “Postura de Estado”.
El 4 de Diciembre de 2008, con la publicación en el Diario Oficial de la Ley Nº 18.418, se ratifica por parte de nuestro estado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 3 de abril de 2007. [3] Dicha convención, en su artículo 3º establece como principio general la accesibilidad. Y en su artículo 4º, literal b establece como obligación general a los Estados Partes, lo siguiente: …” Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;…”[4]. Sustanciado con lo explicitado a texto expreso en el artículo 9º referente exclusivamente a la accesibilidad[5]. En una conversación mantenida con un destacado miembro de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), red conformada por organizaciones de personas con discapacidad de 19 países de América Latina y El Caribe, respecto al nuevo rol de la accesibilidad en nuestro país ante estas nuevas ratificaciones, resoluciones y conformaciones de herramientas legislativas, el mismo comentó: 1) Queda claro que la Convención tiene valor legal en su país (se empata en rango que las leyes nacionales, como Usted indica); 2) Las ordenanzas municipales, por su parte, quedan subordinadas a lo que establece la Convención; 3) En materia de derechos civiles y políticos, todo lo que establece la Convención es de aplicación inmediata; 4) Mientras tanto, los derechos económicos, sociales y culturales (o derechos colectivos) son de carecer progresivos y su aplicación está condicionada a la disponibilidad de recursos del Estado; 5) En el punto anterior, se han fundamentado quienes han argumentado la necesidad de que exista gradualidad en la ejecución de acciones, relacionadas con los derechos colectivos; 6) Sin embargo, se puede alegar que la falta de accesibilidad plena a todos espacios de uso colectivo (que la ordenanza municipal condiciona y relaciona con número estimado de concurrentes), genera condiciones para que se viole un derecho civil: La libre movilidad.
En síntesis, 2009 ha transcurrido como un año de resurgimiento, de inflexión, de afloramiento del tema de la accesibilidad a 20 años de la creación de disposiciones departamentales y nacionales. A 28 años de la declaración de
“…Esos veinte años y otros diez anteriores no han sido nada, pero han significado bastante en el giro conceptual de la inclusión y la equidad, con su tranco lento y su gradualidad estratégica, pero con inercia creciente. Veinte años sin prisa imprudente, pero sin pausa….”[6].
Desde nuestra profesión, nuestra colaboración como profesionales, es velar por la libre movilidad de todas las personas, ampliado el paraguas ya a todos aquellos que tienen alguna imposibilidad fuera de la discapacidad, ya sea por vejez, por transitoriedad, etc. Debemos bogar por la construcción de entornos urbanos y edificaciones que permitan una movilidad plena. Una captación sensorial con la utilización de todos nuestros sentidos, tratando de no focalizar toda nuestra apreciación en la vista. Como profesionales debemos conocer y adoptar las disposiciones de accesibilidad en nuestra labor cotidiana. Pero pensar a la hora de su aplicación. Usarlas con criterio. Parámetros mínimos significa mínimos. De allí para arriba se puede.
Demos libertad al lápiz a la hora de proyectar.
10 cm más o 10 cm menos puede llegar a ser un disparate, una herejía. Todo depende del cristal con que se miré. Reformulemos la accesibilidad. Pensemos seriamente si la misma debe estar condicionada a cierto número de personas, o empleados o metros cuadrados. Cualquier día de estos, cualquiera de nosotros vamos a precisar que así no sea.
RESPETARLA ES RESPETARNOS.
Exigirla es un derecho, no una consideración.
Arq. Nicolás Li Calzi
Especialista en calidad UNIT-ISO 9000
Miembro de la Comisión Directiva
Miembro de la Comisión de Accesibilidad
[1] http://www.ine.gub.uy/socio-demograficos/pobhogyviv2008.asp
[2] ENCUESTA NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - INFORME FINAL - Montevideo, diciembre de 2004
[3] http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18418&Anchor=
[4] http://sip.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenciones/conv-ap-35297.htm
[5] Ibidem.
[6] Comentario del Arq. Eduardo Álvarez.
GRACIAS AMIGA MARIANA POR LA FOTO ENVIADA...
Entradas
